Enrique Pfaab / [email protected]

San Martín. El Colegio de Abogados de la zona Este suspendió por dos años las matrículas de dos letrados locales, uno de los cuales se desempeña como asesor en la Municipalidad de Santa Rosa.

Los sancionados están imputados en una causa penal por desbaratamiento de los derechos acordados y por estafa procesal, que recientemente la Justicia encuadró dentro de los delitos contemplados por violencia de género. La víctima es una mujer, hoy de 59 años, que fue desalojada de su propia vivienda después de que los letrados supuestamente falsearan una compra.

La decisión, que puede ser apelada, fue tomada por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de la Tercera Circunscripción, en contra de Fabricio Máximo Abruzzese y Roberto Adrián López; este último, asesor en Santa Rosa.

La causa penal que los tiene como imputados está en la sala unipersonal de Eduardo Orozco, en la Primera Cámara del Crimen del Este.

Allí debe resolverse una apelación presentada por Abruzzese después de que se le rechazara un pedido de suspensión de juicio a prueba. Esa decisión se basó en que los delitos supuestamente cometidos fueron en contra de una mujer que sufrió los perjuicios contemplados en la ley de violencia de género y que no contempla ese beneficio procesal, según la jueza Marina Cuatrini.

Ayer, UNO se presentó en la casa ubicada en Tropero Sosa 412, que fue nudo del conflicto, y entrevistó a la víctima, Teresa Gladys Espejo. “Yo puedo contar hoy lo mismo que dije cuando presenté la denuncia y puedo contarlo mientras viva, porque la verdad es muy simple de sostener. Quien miente no puede hacerlo”, dijo Teresa, que fue desalojada de la casa de la que es propietaria y que debió esperar 4 años para que la Justicia se la restituyera.

Teresa recuerda que en 2010 se percató accidentalmente de que algo no estaba bien. Las boletas del agua potable no llegaban a su nombre, sino a nombre de Roberto López. Según la mujer, López y Abruzzese habían supuestamente comprado la propiedad por $19.000 al ex esposo, pese a no ser el propietario legítimo e incluso sobre el que ya pesaba una prohibición de acercamiento por violencia. La compra había sido avalada por un notario, que terminó luego involucrado en el expediente.

Llegó a vivir con parientes y hasta en una iglesia

“Un día aparecieron López, Abruzzese y un oficial de Justicia para desalojarme. Me dijeron que tenía 10 minutos para dejar la casa. Por suerte yo no les abrí la puerta”, contó Espejo. Sin embargo, debió irse ese mismo día. “El oficial de Justicia estaba angustiado y me decía que si yo decía la verdad rogaba poder devolverme las llaves de mi casa él mismo”. Y fue así, pero recién cuatro años después. “Viví en una iglesia, en casa de familiares, yendo de aquí para allá”, contó la mujer.

Cuando el 18 de enero último pudo volver a entrar a esa vivienda “me encontré con que los abogados habían alquilado la casa a dos familias. No tenía luz, ni gas, ni agua y estaba todo destrozado”.

Hoy todavía Teresa trabaja para pagar las deudas de esos cuatro años.

“Yo sé que hay muchas causas iguales a la mía. Pero especialmente lo que deseo es que las personas estén atentas para que no les pase lo mismo que a mí”, dijo.

El argumento defensivo de López y Abruzzese fue siempre el mismo: que obraron de buena fe, engañados. Para la Fiscalía y la querella, en cambio, los letrados acordaron la compra irregular con el ex marido de Espejo sabiendo que no era el titular legítimo de la vivienda o, en todo caso, que no era el único que tenía derecho sobre ella, y que lograron engañar a la jueza de paz para que librara el desalojo de la mujer.

A pesar de los numerosos recursos presentados por la defensa, la causa penal ha seguido su curso y actualmente espera que se resuelva el último, para que finalmente pueda ser elevada a juicio.

Mientras, el Colegio de Abogados local ya decidió la sanción para los profesionales.