Desde el Arzobispado de Mendoza aseguran que la comuna alquiló dos inmuebles pero nunca pagó por su uso. Ahora, reclaman para que el municipio abone los 2.9 millones de pesos que le adeuda a la Iglesia.

Según consta en la Acción Procesal Administrativa que se encuentra en la Sala Segunda de la Corte, el contrato de alquiler se celebró en el año 2014 y tenía una duración de tres años. En uno de los inmuebles se estableció una entidad educativa y en el otro un centro asistencial que luego también se utilizó con fines educativos.

Desde el Arzobispado aseguran que el municipio solo pagó el primer mes de alquiler y que luego dejó de abonar pese a que se le ordenaba hacerlo a través de distintas cartas documento.

La gota que rebalsó el vaso fue cuando en el año 2016 la intendenta Norma Trigo llamó a los acreedores para verificar sus créditos y sólo reconoció una deuda irrisoria con la Iglesia. Según los abogados que representan al Arzobispado, mediante la resolución 69/2017 la Municipalidad "admitió la existencia de un crédito impago en favor del Arzobispado de Mendoza, pero arbitrariamente lo hizo sobre una suma irrisoria, que no representa en absoluto la realidad del monto total debido".

"Dicho acto administrativo es nulo, por no decir inexistente: no tiene un solo fundamento, no menciona un solo hecho. No contiene siquiera una norma jurídica ni ningún párrafo que explique cuál es el criterio utilizado, por lo que se encuentra viciado en su objeto, voluntad y forma, conforme se verá", argumentan los letrados que representan a la Iglesia en el litigio.

Ante esa situación el Arzobispado presentó un recurso de revocatoria contra esa resolución y reclamó el total de la deuda. Pero como ese recurso nunca fue resuelto, entendieron que fue denegado de forma tácita y presentaron una APA ante la Corte.

Ahora la Justicia deberá resolver la situación y si se le da la razón al arzobispado la actual intendenta Flor Destéfanis tendría que salir a pagar una deuda contraída hace dos gestiones.

Fuente: MDZ