La investigación se inició luego de que el intendente Fernando Ubieta descubriera un cheque con su firma falsificada que había sido emitido mientras él se encontraba de licencia. La maniobra consistía en falsear compras y pagos, librar cheques fraudulentos y, posteriormente, cobrarlos a través de su pareja.

La principal acusada, Luciana Valeria Díaz, enfrenta cargos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Su esposo, Juan Carlos Alcaraz, está imputado por "participación primaria" en el esquema.

Según los primeros detalles de la causa, el fraude se habría gestado a lo largo de un período de tiempo aún no especificado, ascendiendo la cifra total a los $25 millones.

La causa se encuentra en manos del fiscal Héctor Gustavo Rosas, de la Unidad Fiscal Santa Rosa/La Paz, quien continúa con las diligencias para esclarecer completamente la red de fraude y determinar el alcance total de la defraudación.

Por El Vocero del Este