El caso generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner en agenda la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, control y protección de niños, niñas y adolescentes dentro de las instituciones escolares.

Desde distintos sectores remarcaron la necesidad de garantizar entornos seguros para los estudiantes, promoviendo la denuncia temprana y el acompañamiento de las víctimas, siempre resguardando su identidad y bienestar.

La condena marca el cierre de una instancia judicial, pero también abre una reflexión sobre el compromiso de toda la sociedad en la protección de los derechos de la infancia.

Por El Vocero del Este