La iniciativa impulsada por Fugazzotto modifica el artículo 1° de la Ley 9297 y extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de todos los procesos judiciales iniciados contra puesteros, sin importar su estado, incluyendo aquellos que se encuentren en etapa de ejecución.

“Esta prórroga es una herramienta concreta para frenar desalojos injustos y dar previsibilidad a cientos de familias que viven y trabajan la tierra desde hace generaciones”, expresó Fugazzotto, y agregó: “El arraigo no puede ser un discurso vacío: tiene que traducirse en decisiones políticas que protejan a quienes sostienen el territorio”.

El legislador del Partido Verde remarcó que la Ley de Arraigo tiene un valor social, productivo y ambiental estratégico, ya que protege a pequeños productores rurales que históricamente han quedado al margen de las políticas públicas. “Defender a los puesteros es defender la vida rural, la soberanía territorial y el equilibrio ambiental de Mendoza”, sostuvo.

Fugazzotto señaló además que la prórroga es necesaria ante las demoras estructurales del Estado para regularizar situaciones dominiales y actualizar el marco normativo. “No se puede exigir cumplimiento cuando el propio Estado no brinda las herramientas ni los tiempos necesarios. Esta ley pone un freno a la injusticia mientras trabajamos en una solución de fondo”, afirmó.

Por El Vocero del Este