El senador provincial Mauricio Sat (PJ), impulsa una iniciativa para prohibir que funcionarios, familiares directos y socios comerciales accedan a viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El objetivo es garantizar mayor transparencia y evitar privilegios en políticas destinadas a sectores vulnerables.

La discusión no es ajena al Este mendocino. En San Martín y, especialmente, en Santa Rosa, crecen los cuestionamientos por casos en los que funcionarios, hijos o hermanos habrían accedido a viviendas o módulos habitacionales, incluso en un contexto de fuerte déficit habitacional.

En Santa Rosa, además, se suman señalamientos sobre funcionarios y allegados al poder que habrían accedido también a viviendas del PROCREAR, así como a módulos habitacionales —estos últimos vinculados al propio IPV— construidos en terrenos particulares, lo que amplía la polémica más allá del sistema tradicional de adjudicación.

Mientras muchas familias esperan durante años una solución, la percepción social es que algunos acceden con ventajas. En Santa Rosa, además, se señala la escasa entrega de viviendas en los últimos años, lo que profundiza el malestar.

Desde *El Vocero del Este* se anticipa que en un próximo informe se darán a conocer nombres y situaciones concretas en ese departamento, con el objetivo de aportar claridad a un tema sensible.

La pregunta queda abierta: ¿alcanzará esta ley para terminar con los privilegios o surgirán nuevas formas de eludir el sistema?

Por El Vocero del Este