El argumento es sencillo: si una maniobra interna y la eventual falsificación de firmas fueron determinantes para que la Justicia dejara sin efecto las sanciones contra Sandes, ¿por qué no debería aplicarse un criterio similar en La Paz?

La Fiscalía de Estado no dio por cerrado el planteo. Señaló que el antecedente Sandes debe ser tenido en cuenta y que la responsabilidad de cada funcionario debe analizarse de manera individual, según sus funciones, los controles que podía ejercer y su relación concreta con el perjuicio.

En definitiva, la discusión ya no pasa solamente por los casi $100 millones: también pasa por si a funcionarios en situaciones similares se les aplica la misma vara.

Por El Vocero del Este

Foto: Gentileza Prensa La Paz