No fue por consenso ni por amor a la prevención: fue un parto legislativo que terminó en un empate 5 a 5 en el Concejo Deliberante, obligando al presidente del cuerpo, Leonardo Saile, a usar su voto doble para aprobar la Ordenanza 5 de 2026. Una jugada al límite para reactivar un contrato de 2023 que la gestión anterior había frenado.

"No es recaudación, es prevención" (¿Alguien se lo cree?)

Ante la ola de críticas, la titular del Juzgado Vial, Gisela Abu Nassar, salió rápidamente a poner el pecho y ensayar una defensa del sistema:

"El dilema siempre es prevención o recaudación... Pero estadísticamente, para que no te cobren una multa, disminuís la velocidad".

La funcionaria argumentó que cuando los radares fijos funcionaban, las actas bajaron de 50 a 20 diarias. Sin embargo, para el vecino de a pie, el apuro por encender las cámaras en las zonas urbanas y semáforos (como en Las Catitas) huele más a necesidad de caja política que a una auténtica campaña de concientización vial.

El radar todavía no factura

A pesar del festejo en el municipio por haber destrabado el nudo legal gracias al dedo de Saile, la plata no va a ingresar mañana. La propia jueza vial enfrió la ansiedad del Ejecutivo aclarando que los radares siguen apagados: ahora arranca el calvario burocrático para pedir las homologaciones del INTI, Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La ordenanza ya es un hecho. Santa Rosa tiene el marco legal listo para volver a multar, demostrando una ironía total: mientras el municipio busca desesperadamente facturarle a los automovilistas que van de paso, la intendencia sigue esperando el salvavidas financiero de la provincia. Cosas que solo pasan en el Este.

Por El Vocero del Este