La decisión tuvo un costo político evidente. Y quien terminó asumiéndolo fue Leonardo Saile, cuyo voto resultó determinante para devolver vigencia a un sistema que había sido suspendido tras fuertes cuestionamientos.

Mientras las críticas de vecinos y sectores de la oposición apuntan hacia quienes aprobaron la medida, otras figuras del oficialismo permanecen al margen de la controversia. Entre ellas, Diego Foco, esposo de la intendenta Flor Destéfanis y uno de los dirigentes con mayor proyección dentro del espacio gobernante.

La situación no deja de ser llamativa. Mientras Saile aparece asociado a la defensa de decisiones impopulares y absorbe el desgaste político que generan medidas como el regreso de las fotomultas, Foco conserva una imagen menos expuesta al conflicto, más vinculada a la actividad territorial y a la construcción de cercanía con los vecinos.

Por eso la discusión de fondo ya no parece ser únicamente la vuelta de las cámaras de control vial. Lo que empieza a debatirse es quién paga el costo político de gobernar y quién llega mejor posicionado a la carrera por la sucesión.

Porque si las decisiones cuestionadas quedan siempre en manos de unos pocos mientras otros preservan su capital político desde posiciones de privilegio, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si está frente a una verdadera renovación de liderazgos o ante la continuidad de un mismo esquema de poder.

Y cuando el futuro político de un departamento comienza a discutirse dentro del mismo círculo gobernante y familiar, el debate sobre el nepotismo deja de ser una consigna partidaria para convertirse en una pregunta legítima que merece respuesta.

Por El Vocero del Este