Angélica Martín, ex jefa de Rentas municipal, aclaró respecto a la nota publicada en Tiempo del  Este “Salgado y los escandalosos sueldos que algunos funcionarios y amigos cobran en el municipio”,  que ella cobra 12 mil pesos, y que de eso, casi la mitad corresponde a la antigüedad.

Efectivamente, Martín, quien es afiliada a ATE, ingresó al municipio hace 38 años y tiene una categoría 11, fue removida de su cargo por disposición de Sergio Salgado en diciembre de 2011 y ahora junto a otros empleados, le fue suspendido el ítem “función jerárquica” que en su caso es de 2200 pesos.

El decreto, fechado el 18 de Enero,  que suspende este beneficio habla de que la medida será  “hasta que se le asigne nuevo personal a cargo” y comienza a regir a partir del 1 de febrero.

Luego, fue trasladada a la dirección de Cultura y Turismo en diciembre de 2011 luego de que un “sumario interno” y un dictamen de asesoría letrada que el Ejecutivo tomó como propio, así lo dispusiese.

Gabriela Ponce, otra afiliada de ATE y sucesora de Martín en la jefatura de Rentas municipal, también fue desplazada del cargo y ahora le fue suprimido el ítem función jerárquica.  En la actualidad ocupa el cargo de las 2 mencionadas, Patricia Fernández.

Es decir, que fruto de los desaguisados y de las persecusiones políticas, al decir de los empleados,  el municipio no le interesaba pagar hasta 3 cargos para una misma función, a cambio de que pudiese nombrar gente adicta en cargos estratégicos.

Ahora, con este supuesto “reordenamiento” el municipio castiga a algunos empleados que podrían acumular derechos adquiridos  y exponerse a litigios que, como es de estilo, con toda seguridad perderá (mirá el listado de  mas de 30 empleados a los que se les suspende el beneficio).

¿Quién los pagará? Con seguridad, no será Sergio Salgado, sino todos los vecinos de Santa Rosa.

Los empleados a los que se les quita  la “jerarquía” son, en buena medida y según testimonios de ellos mismos, los que encabezaron la protesta en procura de cobrar sus salarios adeudados y ahora, Salgado les da la “respuesta”. Son la variable de ajuste de su plan de “reordenamiento, según denuncian, y sostienen que “a los amigotes y ñoquis del intendente” no se les ha restringido ningún beneficio y que ellos son perseguidos por defender sus derechos.

Luego de 2 “salvatajes” del gobierno provincial, en diciembre y enero, ya corriendo febrero hay incertidumbre sobre si el municipio podrá hacer frente al pago de los salarios: en la actualidad al personal de planta se les adeuda Noviembre 2015 y Enero 2016, además de una serie de beneficios que fueron unilateralmente suspendidos por el jefe comunal.

Fuente: Tiempo del Este